A pesar de las protestas, bien fundadas, que provoca el daño irreversible que se produce en los bosques del país, su devastación, ocasionada en su mayor parte por el avance de las fronteras agrícolas, persiste y amenaza con poner fin a la riqueza de nuestros bosques nativos, que hoy cubren menos del 18 por ciento de la superficie original. Esta realidad exige la inmediata puesta en marcha de medidas que detengan el perjuicio que se ocasiona y que se promueva un camino de recuperación.

De acuerdo con los datos del primer Inventario Forestal de Bosques Nativos, actualmente sólo subsisten cerca de 34 millones de hectáreas de bosques naturales, cifra más que alarmante si se la compara con los 105 millones que existían en 1914. Estas pérdidas se agravan a razón de 500.000 hectáreas por año, afectando las innumerables especies de flora y fauna autóctonas cuya existencia depende de selvas y bosques: mamíferos, aves, infinidad de invertebrados y plantas que merecen ser conservadas por la importancia de su propia existencia y por el papel fundamental que tienen como reserva genética y en el equilibrio de los ecosistemas.

Las selvas y los bosques son grandes reguladores del clima y depuradores de la atmósfera. Esto no ha impedido que se siga obrando al margen de todo respeto por el cuidado ambiental y que se pierdan, en consecuencia, funciones clave para nuestro bienestar. También los bosques protegen las cuencas al actuar como reguladores, gigantescas esponjas que absorben las aguas de las lluvias, impidiendo inundaciones, y liberándolas en momentos de sequía.

Los resultados de la reciente Evaluación del Milenio señalan, al examinar los valores económicos -comercializados y no comercializados- relativos a los bosques, que la madera y la leña originan, por lo general, menos de un tercio del valor económico total de los bosques de cada país, mientras que otros valores "no maderables", como las actividades recreativas, la protección de cuencas o la captura de carbono pueden justificar entre un 25 y un 96 por ciento del valor económico total de esos bosques.

Dicho de otro modo, los bosques además de madera proveen servicios, como los mencionados, a los que no se les atribuye, hasta el momento, valor alguno. Esta carencia determina que la pérdida de funciones para nuestro bienestar no sea percibida como tal por la sociedad y sea ésta la que debe afrontar esa pérdida luego, de modo indirecto, a través de impuestos para la financiación de obras de infraestructura para evitar inundaciones que se generan como consecuencia de la pérdida de grandes masas boscosas.

En nuestro país, en Jujuy y en Salta los desmontes progresan hoy aceleradamente; en Córdoba se ha talado el 87 por ciento de los bosques nativos. Si bien es tardía, merece destacarse la reacción en esa provincia, al igual que en Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero, que han decretado la moratoria de los desmontes.

Resulta indispensable impulsar mecanismos de conservación en tierras de propiedad privada -donde ocurre la pérdida principal de masa boscosa- para la protección de bosques o procesos de certificación para que pueda conocerse si la explotación de la madera se lleva a cabo de modo sostenible, o incentivos para la conservación y puesta en valor de los servicios que brindan los bosques en cuanto a protección ambiental. Es necesario actuar severamente en defensa del patrimonio forestal, de modo que las funciones que éste brinda comiencen a ser contempladas en el proceso de toma de decisiones por toda la sociedad. Sólo a partir de una política coherente en tal sentido se podrá conservar y reconquistar la naturaleza perdida.