Jefatura de Gabinete de Ministros viernes, 28 de noviembre de 2014 Autoridad: Ing. Omar Judis
Dirección de Residuos Peligrosos
Antecedentes de la Antártida Argentina y Marco normativo Ambiental

Panorámica de la Base científica Brown

A
rgentina realiza actividades en la Antártida de manera  ininterrumpida desde el año 1904, en el sector comprendido entre los paralelos 74º W y 25º W, y entre los meridianos 60º S y 90º S, de acuerdo a los reclamos de soberanía que sobre esa porción del continente ostenta nuestro país.

La Antártida se encuentra bajo la administración conjunta de los países firmantes, consultivos y adherentes al Tratado Antártico, firmado en Washington en el año 1959 y ratificado por nuestro país mediante la Ley Nacional 15.802.

Asimismo, nuestro país aprueba mediante la Ley 24.216/1993 el "Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente" o "Protocolo de Madrid", el cual complementa y refuerza al Tratado Antártico para asegurar que la Antártida siga utilizándose para fines pacíficos y científicos. Este Protocolo, declara al continente como una "reserva natural consagrada a la paz y la ciencia". A partir de la entrada en vigencia de esta nueva normativa, se establece la obligatoriedad del retiro de todos los residuos inorgánicos generados por cada país. La Ley que aprueba al Protocolo de Madrid se aplica actualmente a través de la Disposición DNA 87/2000.

La autoridad de aplicación para el cumplimiento del Tratado Antártico en nuestro país está establecida por la Ley Nacional 18.513/1969. Esta Ley crea la Dirección Nacional del Antártico (DNA), asignándole la responsabilidad de planificar, programar, dirigir, coordinar y controlar la actividad antártica Argentina, quedando bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la provisión del sostén logístico, encargado de facilitar los medios que anualmente se requieren para el desarrollo de las tareas científicas y de mantenimiento.

Es en el marco de la Ley 18.513, que deviene la obligación de la DNA de inscribirse como responsable de la generación de residuos peligrosos.

Entre las otras normativas relevantes al funcionamiento de las actividades argentinas en la Antártida, se destaca la Política Nacional Antártica definida en el Decreto 2316/1990, el cual establece objetivo, políticas, prioridades, bases y presencia geográfica